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En respuesta al artículo titulado «Censo de jubilados del IPS, una burla», publicado en el diario ABC Color el 18 de noviembre de 2026

En respuesta al artículo titulado «Censo de jubilados del IPS, una burla», publicado en el diario ABC Color el 18 de noviembre de 2026

Viernes 20 de noviembre 2026 - 16.33 horas


Ante la publicación del articulo titulado Censo de jubilados del IPS, una burla», publicado en el diario ABC Color el 18 de noviembre de 2026., presentamos las siguientes consideraciones:


1. El Censo Digital responde a un mandato legal expreso y no a una discrecionalidad administrativa

El relevamiento no constituye una iniciativa improvisada ni una imposición arbitraria de las autoridades de turno. Su ejecución cumple con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Nº 430/73, el cual establece expresamente la obligación legal del Instituto de realizar un censo completo y actualizado de las personas comprendidas en el régimen previsional.

En observancia de dicha norma, el Consejo de Administración aprobó su reglamentación e implementación mediante la Resolución C.A. Nº 057-008/2026. Asimismo, este proceso se alinea con el marco legal de modernización del Estado y simplificación administrativa dispuesto en la Ley Nº 6562/20 (reducción del uso de papel y reemplazo por el formato digital), la Ley Nº 6822/21 (servicios de confianza para transacciones electrónicas), la Ley Nº 7179/23 (simplificación de trámites administrativos) y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2023–2028) aprobado por Resolución C.A. N.º 083-035/2023. 

2. Antigüedad registral no equivale a vigencia de los datos operativos

Sostener que la institución no requiere actualizar su base de datos porque muchos jubilados cuentan con 25, 30 o 50 años de vinculación con el seguro social parte de una premisa operativa errónea. 

El objetivo del censo no es verificar datos invariables como la fecha o el lugar de nacimiento, sino actualizar información crítica que cambia con el tiempo: domicilio real, número de teléfono celular, correo electrónico, estado civil y composición del grupo familiar o potenciales derechohabientes. Contar con registros vigentes es indispensable para evitar pagos indebidos al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, agilizar la comprobación de derechos para el acceso a los servicios de salud y facilitar los trámites de beneficios económicos por fallecimiento de los titulares. 

3. La actualización de registros es un insumo de gestión, no una solución única

Disponer de una base de datos depurada constituye un requisito técnico elemental para el funcionamiento de cualquier sistema previsional moderno.

Una notificación remitida a un domicilio desactualizado, la imposibilidad de contactar telefónicamente a un beneficiario o las inconsistencias en el registro de derechohabientes generan trabas administrativas que perjudican directamente al asegurado y a su familia. En consonancia con el mandato constitucional de protección integral a las personas de la tercera edad (artículos 57 y 95 de la Constitución Nacional), la depuración registral permite reducir gestiones innecesarias y mejorar la trazabilidad de las prestaciones. 

4. El control sobre la gestión financiera y la actualización registral son deberes complementarios

El artículo sugiere que los jubilados deberían exigir rendición de cuentas sobre los administradores y consejeros en lugar de completar el formulario censal. Ambos planos no son excluyentes ni contradictorios:

• Transparencia y control: La ciudadanía y los asegurados tienen pleno derecho a exigir idoneidad, rendición de cuentas y estricto control sobre las inversiones y decisiones financieras de la institución.

• Administración previsional: Paralelamente, la institución tiene el deber legal de mantener actualizado el padrón de beneficiarios para resguardar el patrimonio del Fondo de Jubilaciones y asegurar la continuidad y correcta liquidación de las prestaciones. 

Suspender una herramienta de ordenamiento administrativo bajo el argumento de que existen cuestionamientos financieros equivaldría a debilitar los propios mecanismos de control interno que protegen los haberes previsionales.

5. Desvinculación técnica respecto a operaciones financieras o bancarias

Vincular la ejecución del Censo Digital con el debate público en torno a las colocaciones financieras en entidades bancarias no resulta una conclusión acertada. El Censo Digital es un procedimiento estrictamente administrativo gestionado por las áreas de jubilaciones y pensiones; las cuales, no interviene en la política de inversiones, no evalúan riesgos financieros, ni guarda relación operativa con las decisiones de la tesorería en dicha materia.

6. Rechazo a las insinuaciones sobre "espionaje" o captura de datos biométricos

Rechazamos categóricamente que el Censo institucional tenga, o haya tenido, por objeto realizar tareas de "espionaje" o complementar datos biométricos capturados por entidades financieras.

El formulario del Censo Digital recaba exclusivamente datos declarativos de contacto, estado civil y vínculos familiares. No solicita, captura ni procesa datos biométricos. Asimismo, debe distinguirse claramente de otros procedimientos institucionales autónomos —como la comprobación de sobrevivencia (fe de vida) o los mecanismos de validación de identidad para el retiro de medicamentos de alto costo—, que cuentan con reglamentaciones y finalidades específicas. El IPS ratifica que el tratamiento de la información declarada se rige por estrictos protocolos de seguridad informática, integridad y confidencialidad institucional. 

7. Periodicidad necesaria e inclusión digital asistida

La existencia de relevamientos en años anteriores no invalida la necesidad de una actualización periódica. Así como los registros tributarios requieren depuración continua para reflejar la realidad demográfica, el padrón previsional exige actualizaciones regulares debido al dinamismo natural de la población pasiva.

Respecto a la obligatoriedad y al plazo establecido, estos derivan del cumplimiento de la Ley Nº 430/73 y buscan ordenar el cierre administrativo del ejercicio. Consciente de la brecha digital que puede afectar a los adultos mayores, el IPS ha implementado el trámite de manera gratuita y 100 % digital, complementándolo con puntos de asistencia presencial, orientación personalizada y canales de atención a través de su Call Center para garantizar que ningún jubilado o pensionado quede excluido por dificultades tecnológicas. 

8. Resultados que reflejan la participación de los asegurados

Al 19 de noviembre de 2026, el Censo Digital ya ha registrado a 75.681 jubilados y pensionados, cifra que representa aproximadamente el 83 % de la población objetivo (más de 90.000 beneficiarios convocados). Este nivel de cumplimiento evidencia la comprensión mayoritaria de los asegurados respecto a la utilidad de mantener su información al día y refleja el esfuerzo operativo de los equipos técnicos de la institución en el acompañamiento ciudadano.

El Instituto de Previsión Social reitera su apertura al escrutinio público y su compromiso con el fortalecimiento de sus controles internos, la transparencia de su gestión y la mejora continua de sus servicios. Cuidar los fondos previsionales exige rigurosidad en la administración, pero resguardar los derechos de los jubilados y sus familias exige también contar con registros confiables, precisos y actualizados.

 

C, J. B. (2026). Censo de jubilados del IPS, una burla. ABC Digital. https://www.abc.com.py/opinion/2026/11/18/censo-de-jubilados-del-ips-una-burla/?cx_testId=1&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=4#cxrecs_s